Entre políticas punitivas y la Marcha de la Gorra ¿De qué seguridad hablamos?
Se están cumpliendo 10 años que en la provincia de Córdoba se ha instaurado un Estado de Seguridad desde el que se estructuran políticas punitivas basadas en “tolerancia cero” que tiene a los jóvenes de sectores populares como sus principales blancos.
Cuenta de ellos son las medidas que se toman después de las multitudinarias marchas por el caso Blumberg, que llevaron al entonces Ministro de Seguridad de Córdoba, Carlos Alesandri a firmar un convenio con la Fundación Blumberg y el Manhattan Institute. Este acuerdo con el thinktank neoyorquino, tenía como objetivo promover acciones conjuntas entre las que se incluyen planes, programas y estrategias relativas a la seguridad en la provincia de Córdoba. En este marco, durante el 2005 se sancionanla Ley de Seguridad Pública (N° 9235) y la Ley de Seguridad Privada (N°9236), tras las cuales produce un aumento exponencial del presupuesto en seguridad: se colocan cámaras de vigilancia en ciertas zonas de la ciudad de Córdoba, se aprueba de la ley de registro de huellas genéticas, comienza a utilizarseuna ex cárcel como alcaldía para alojar contraventores, se destina presupuesto para la compra de armamento, equipamiento y asesoramiento en materia de seguridad como algunas de las medidas más significativas.
Asimismo, la fuerza policial adquiere un poder significativo con la aplicación arbitraria del Código de Faltas (en adelante el Código o CDF), otra de las piedras fundamentales de la política de seguridad cordobesa, que si bien su sanción data del año 1994, se erige en la gestión del gobernador De la Sota como el principal dispositivo de poder y de control sobre personas y territorios delimitando la circulación por la ciudad.
El CDF es un código estadual de aplicación exclusiva por parte de la policía de la Provincia de Córdoba, que le otorga a ésta la facultad de detener, demorar y revisar a una persona por algo que no es un delito sino que es una contravención. El CDF entiende a algunas acciones como una amenaza al orden social. Así incluye “figuras legales” como “merodeo” (deambular), “escándalo en la vida pública”, “prostitución escandalosa”, “vagancia y mendicidad”, “consumo de bebidas en vías públicas o plazas”, entre otras.
Se intenta justificar el accionar policial con el argumento de prevención del delito a partir de la persecución de quienes cometen pequeñas infracciones a los fines de evitar la comisión de delitos más gravosos pero resulta una práctica extremadamente discriminatoria contra determinados grupos de personas en ciertas zonas simbólicas, que autores como Wacquant[3] prefiere describir esta forma de actividad policial como una estrategia de “intolerancia selectiva”.
En su tercer gobierno (2011-2015) José Manuel De la Sota profundizó el modelo punitivo de seguridad y eligió como Ministro de esa áreaal último jefe de Policía, Alejo Paredes, quien renuncia en 2013 tras la crisis institucional que vinculó a la policía de Córdoba con las redes de narcotráfico.
Tanto el gobierno como la policía defienden la existencia del CDF. Entre los argumentos más sostenidos se encuentran las excusas de operatividad y de contar con el Código como herramienta de trabajo, lo que denota el claro interés político-punitivo. Pues gracias a las figuras vagas y ambiguas, la aplicación exacerbada y primordial de la pena de arresto, la capacidad de detener, acusar, juzgar y controlar la ejecución de la sanción contravencional que tiene la institución policial le aseguran un manejo arbitrario. Estas prerrogativas se hicieron evidentes con el auto acuartelamiento policial del 3 y 4 de diciembre de 2013. Allí, la policía demostró que es la única institución estatal con despliegue en el territorio provincial que interviene en distintos niveles de conflictividad social con el uso de la violencia.
En este contexto, la gestión gubernamental de la provincia de Córdoba mira a la población juvenil como un problema, presuntos autores de acciones violentas y delictivas, perspectiva reduccionista que conduce a reforzar un estigma negativo para quién es joven y vive o circula en ciertas zonas de la ciudad. Este estigma se basa en el estereotipo “choro-pobre” operando en contra de quienes son jóvenes, hombres, pobres y de tez morena.
De esta manera, el cuerpo policial realiza detenciones por “portación de rostro”, en donde se toma la gorra (jóquey con visera) como el símbolo que identifica a determinados jóvenes de la ciudad asociados a los consumos culturales de los bailes de cuarteto y viven en la periferia de la ciudad. Los jóvenes son detenidos principalmente en el centro de las ciudades, donde hay mayor concentración de personas realizando sus actividades diarias, y se agudiza el despliegue policial con el objetivo de generar la sensación de una ciudad segura tanto en los habitantes como en los turistas.
Además, estas personas se ven limitadas en su derecho a la libre circulación, en el acceso a determinados lugares públicos y de entretenimiento, como boliches, bares, y pubs. La respuesta que estas personas estigmatizadas reciben de parte de las autoridades policiales es la detención por poseer esos atributos sin haber incurrido en transgresiones, apelando a la aplicación de CDF.
Este carácter selectivo de las detenciones que realiza el cuerpo policial es demostrado por investigadores como González[4], quien manifiesta que los delitos efectuados por personas entre 14 a 17 años promedian el 10% de la totalidad de los robos y hurtos cometidos en la ciudad de Córdoba durante el año 2010. Por lo tanto, en términos porcentuales, el 90% de los robos y hurtos en la ciudad de Córdoba son cometidos por mayores de edad. Existe la percepción social instalada de que la delincuencia juvenil es el principal factor generador de inseguridad ciudadana. Esta visión es reproducida tanto por el discurso mediático como en el abordaje político de la seguridad ciudadana, que culpabiliza a los jóvenes de sectores populares sobredimensionando su conducta delictiva, desatendiendo la porción mayoritaria de quienes cometen delitos.
Frente a ese escenario jóvenes y adultos víctimas de esta política de seguridad basada en la tolerancia cero, desarrollaron distintas estrategias de acción colectiva, algunas intuitivas, otras más organizadas para disputar el paradigma de seguridad vigente, expresando la violación de sus derechos e interpelando a toda la sociedad en su conjunto.
En ese sentido, cobra relevancia la institucionalización de la “Marcha de la Gorra” como una acción colectiva de protesta que moviliza a miles de jóvenes y adultos en la defensa de sus derechos. Esta iniciativa tiene sus orígenes en el año 2007, en Córdoba Capital,pensada desde el “Colectivo Cordobés por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes”. Pero luego, una de las organizaciones que allí confluían toma la responsabilidad de gestionar las siguientes convocatorias, este es el “Colectivo de Jóvenes por nuestros Derechos”. Así desde el año 2010 la organización de la movilización comienza a tener un entramado más amplio y complejo que aumenta año tras año.
La Marcha ha logrado transformarse en un dispositivo de visibilidad política poderoso que permite a las organizaciones estar presentes en la conquista del espacio público e interpelar la agenda gubernamental de la provincia en materia de seguridad. La construcción y organización anual de La Marcha no se acota en lograr una movilización de la ciudadanía cordobesa en un día determinado sino que ha posibilitado articular distintas organizaciones que defienden los derechos humanos a nivel local.
Hay que resaltar que La Marcha es una manifestación política y cultural caracterizada por variadas expresiones artísticas, batucadas, bailes, murgas, teatro espontáneo y grafitis. La “gorra” es el símbolo que representa a los jóvenes que la utilizan y que por ello suelen ser detenidos. El repertorio colorido y lúdico tiene al cuerpo de los jóvenes como locus de realización que muestra los matices, en términos de puesta en visibilización de un conflicto, a través del despliegue de re-significar los actos violentos a los que son sometidos con expresiones de humor y alegría.
Mientras en Córdoba Capital la Marcha de la Gorra, en 2015, tendrá su novena edición bajo la consigna “En tu estado policial te marchamos de frente mar”, el reclamo se multiplica y se hace eco de la demanda numerosas ciudades del interior provincial tales como Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Jesús María, Mina Clavero. Algunas con una historia de organización que marca cierta trayectoria en sus localidades; otras con las primeras iniciativas. La misma lucha encontrará reunidos a los cordobeses el 18 de noviembre, marchando bajo distintas consignas y el mismo reclamo: decir basta al abuso policial, las detenciones contravencionales arbitrarias y los casos de muertos en manos de policías y ex policías que aumentan año tras año.
[1] Doctoranda en Administración y Política Pública (IIFAP – UNC). Becaria de CONICET. Miembro del Colectivo Investigador Marcha de la Gorra. Licenciada en Ciencia Política. Universidad Nacional de Río Cuarto.
[2] Maestranda en Desarrollo Humano (Flacso Argentina). Miembro de la Asociación Civil El Ágora (Córdoba). Licenciada en Ciencia Política. Universidad Católica de Córdoba.
[3] Wacquant, Löic. (2000) Las Cárceles de la Miseria. Ediciones Manantial, Buenos Aires.
[4] Gonzalez, Roberto (2012) “Delito urbano e institucionalidad de la gestión de la seguridad en Córdoba”. En Zavaleta Betancourt, José Alfredo (coord.) “La inseguridad y la seguridad ciudadana en América Latina”. CLACSO, Buenos Aires.
