El tercer traspié de Macri frente al Gobierno
El comienzo de la nueva etapa democrática en nuestro país se inició con una intensa semana y las discusiones frente a la utilización de los Decretos de Necesidad de Urgencia, empezaron a despertar el Republicanismo incluso, hasta de aquellos que hasta hace poco, no se preocuparon por resguardar ni las formas, ni las normas.
En este sentido, la batería de Decrétos que Muricio Macri promulgó para poner en marcha su presidencia, ya levantaron la polvareda de algunas discusiones importantes.
En lo atinente al Ministerio de Educación, el Presidente de la República firmó un decreto “ratificando la derogación de la Ley de Nacional de Educación, la Ley de Financiamiento y Educación Técnica”, retrocediendo la educación nacional al “Pacto Federal de Educación” con considerables consecuencias, no solo en el aspecto de planificación estructural del Sistema Educativo, sino también en una disminución inadmisible del presupuesto educativo en relación al PBI.
El mismo decreto 13/2015, creó el Ministerio de Comunicación y traspasó el AFSCA y por consiguiente la regulación de la Ley de Medios a su órbita. Esta medida del despertó no menos críticas de distintos sectores de la oposición que participaron en el diseño y la discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales.
En este sentido, cabe responder que ambas acciones son absolutamente legales desde el punto de vista jurídico, pero reabren una discusión sana dentro del sistema democrático vinculada a la continuidad o no, de políticas de estado que se vinieron promoviendo durante los últimos años desde el Frente para la Victoria.
En el primero de los casos mencionados y para tranquilidad de los docentes y la población educativa, el Ministro de Educación Esteban Bullrich, ratificó en los medios que se trató de un “grave error” y que trabajará junto a Prat Gay para modificar el decreto. Todavía sin novedades al respecto, los sindicatos vinculados a la educación, ya se encuentran en estado de alerta.
En el segundo de los casos, los resultados electorales legitiman al nuevo gobierno a reabrir la discusión sobre una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, pero las declaraciones de Oscar Aguad respecto a que una ley no puede limitar el poder del presidente, generó repudios generalizados tanto de la oposición como del mismo Frente Cambiemos. Lo cierto es que si bien el decreto esta firmado, el tratamiento del proyecto de modificación de la nueva ley se realizará durante la apertura de Sesiones Ordinarias del Honorable Congreso de la Nación y ahí el debate y la movilización social, generarán una pulseada que puede generar aspectos superadores en la ley o todo lo contrario (volver a la concentración de medios de comunicación en grupos empresarios).
Seguramente este proyecto, traerá más de un dolor de cabeza al nuevo presidente, ya que el consenso generado por distintos partidos políticos y la declaración de Constitucionalidad dictaminada por seis de los siete miembros de la antigua Corte, su Presidente Ricardo Lorenzetti, Elena Higton de Nolasco, Enrique Petracchi, Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Eugenio Zaffaroni, le dieron una legitimidad que además venía acompañada de los distintos organismos sociales que participaron durante casi dos años de esta discusión.
Pero el último y más fuerte error fue el de nombrar por Decreto de Necesidad y Urgencia a dos nuevos miembros en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Pocas personas en el mundo del derecho pueden cuestionar la capacidad y la trayectoria de Carlos Fernando Rosenkrantz y Carlos Rosatti, pero desde que desde el Frente Cambiemos se constituyó en uno de los defensores fundamentales del funcionamiento de la República, la Democracia, el Dialogo, el Consenso y el funcionamiento de una Justicia Independiente, las acciones tomadas por el nuevo presidente son al menos contradictorias.
La utilización de la herramienta avalada por el Art. 99 inc. 19 que faculta al presidente a “llenar vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura”, no solo que iguala la institucionalidad de los Jueces a “empleos” de otras características que requieren acuerdo del senado, sino que anula el dialogo y el consenso que en plena democracia, se debe procurar para ocupar dos cargos de profunda importancia para el control constitucional durante períodos democráticos.
Muchos periodistas y quienes intentamos serlo, vimos en esta medida un fuerte llamado de atención. Si bien veníamos sosteniendo la legalidad y legitimidad en los dos casos anteriores diferenciando ambos procesos, vemos en este tercer DNU, el riesgo de que esta herramienta se empiece a encarnar y hacer costumbre en el nuevo Presidente, llevando al Frente Cambiemos a un camino sin regreso.
La confianza, la esperanza y el apoyo popular de llevar a la República a un cambio real, se termino discursivamente en la campaña. A partir del 10 de diciembre, la consolidación de esas propuestas se deben llevar a cabo desde Políticas de Estado y en el último de los casos, ya no es excusa que el Poder Legislativo se encuentre en receso, sino más bien una señal de que hay que saber medir los tiempos en un complicado sistema político que perdona errores, pero que abandona la magnanimidad a la hora de juzgar en las elecciones los errores de una gestión.
En este sentido, el Frente Cambiemos debe consolidar su poder en las elecciones legislativas del 2017 y los electores, no se olvidan de que esta propuesta electoral era una alternativa al “populismo Kirchnerista”. Y si hay algo de lo que estamos seguros, es que los ciudadanos, no estamos dispuestos a remplazar un “populismo” por otro.
