La doble moral
Las violaciones a los DDHH en nuestro continente son un tema que despierta profunda sensibilidad en la sociedad latinoamericana. Todavía queda fresca en la memoria de algunas generaciones la visita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó en nuestro país para investigar las denuncias realizadas ante la tortura, represión y desaparición de personas en nuestro país durante la última dictadura Militar de la República Argentina.
El 6 de septiembre de 1979, la Junta Militar comenzó con desesperación a profundizar el ocultamiento de una realidad que ya venía escondiendo bajo la alfombra a todos los argentinos.
Pero nuestro país no era el único en sufrir el dolor de gobiernos ilegítimos provenientes de intereses foráneos. Chile, Brasil, Paraguay y otros países, repetían el mismo esquema de Gobierno aprendido por los Militares y enseñado con certeza por la Escuela de las Américas.
En aquel momento, nadie podía acusar al organismo de la OEA a estar violando la soberanía de una República por investigar las violaciones a los derechos humanos, como así tampoco se le podía endilgar a Raúl Alfonsín la injerencia en asuntos de otros países por tratar de impulsar la democracia en Latinoamérica. Esto es innegabe si consideramos que los Derechos Humanos de las personas, están por encima de cualquier Estado o cualquier interpretación represiva de la Ley.
“Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y el desenvolvimiento de la democracia” reza el Art. 28 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Pues bien, cabe ahora analizar si las protestas en Venezuela menoscaban los derechos de los demás, la seguridad de su pueblo y el desenvolvimiento de la democracia.
El fallo que envió a Leopoldo López a 14 años de prisión, sostiene claramente que "su propósito, a pesar de sus llamados a la paz y a la tranquilidad, como líder político, era conseguir la salida del actual Gobierno a través de los llamados a la calle, la desobediencia de la ley y el desconocimiento de los Poderes Públicos del Estado, todos legítimamente constituidos". Sin embargo, los ejemplos más cercanos, sobre todo en nuestro país durante la crisis del 2001, nos enseñaron que los grandes estallidos sociales traspasan las fronteras legales y que atribuir la responsabilidad directa al líder de la oposición por hechos que no encuentran una relación directa entre sus acciones y las normas punibles, despierta cierta sospecha autoritaria de la interpretación de las normas. En este sentido, el Poder Judicial lejos de asegurar las garantías constitucionales, se erije en la herramienta que le asegure al mandatario el sostenimiento del poder político en su país.
Si pensáramos en la sola posibilidad de acusar a Eduardo Duhalde como responsable de los reclamos del pueblo en el 2001 y condenarlo a 14 años de prisión, estaríamos más cerca de una novela de ficción que de la realidad política, aunque esta posible ficción, se presente como realidad en otros países.
Lo cierto es que la primera Cumbre del Mercosur, llevó al Presidente de la República Argentina a solicitar de manera inmediata liberación de los presos políticos en Venezuela, lo que despertó una enérgica respuesta de Delcy Rodriguez, Canciller de Venezuela.
“Usted está haciendo injerencismo sobre los asuntos de Venezuela”, le reprochó la representante de la República Bolivariana, como si la construcción de la Patria Grande, la colaboración mutua y la consolidación de la democracia en Latinoamérica hubiera terminado con la relación de Nicolás Maduro y Cristina Fernández el 10 de Diciembre del año 2015.
Pero la canciller avanzó con sus argumentaciones y la demostración de fotografías tomadas por agencias externas al gobierno. La figura de un ciudadano con armas de guerra o la argumentación basada en la quema de instituciones públicas fueron las imágenes más representativas de lo que habían dejado las protestas en aquel país. Pero el discurso prosiguió y volvió a acusar a Mauricio Macri de no respetar la Autodeterminación de los Pueblos.
¿La Autodeterminación de los Pueblos contemplará el encarcelamiento de los líderes políticos por asociaciones indirectas e interpretaciones retorcidas de la ley por oponerse a un gobierno? ¿De eso se trata la democracia?
Que sería de nuestra Argentina si esta fuese nuestra realidad.
Pero hasta ese momento, la ex Ministra de Comunicaciones de Venezuela venía sosteniendo un discurso cuyas interpretaciones pueden ser acertadas o no según el prisma ideológico y político con el que se observe la realidad. Pero acto seguido, incurrió en un gravísimo error. La representante de un país cuya información debe ser la principal fuente de argumentación para sostener su discurso, acusó al Presidente Macri de "liberar a los responsables de la tortura, desapariciones y asesinatos durante la dictadura en argentina”.
Su intención fue clara. La de asociar al actual Presidente de nuestro país, a los crímenes de la última dictadura. Recurso que para aquellos que no tienen la oportunidad de leer diversos diarios o distintos canales de televisión o emisoras radiales, resulta acertado para generar sensibilidad en el oyente o el lector.
A partir de ese momento, la argumentación sostenida de la Canciller se transformó en una mentira cuya dialéctica, apuntó a desviar el asunto central de la discusión y a difundir por los medios del mundo un hecho irreal que seguramente pocos se dedicarán a chequear.
Nada más alejado de la realidad. Mauricio Macri, incluso para sorpresa de muchos, sostuvo que no habrá ningún tipo de impunidad para quienes cometieron delitos durante la última dictadura militar.
Pero esta escena donde se puso en debate la interpretación sobre la construcción democrática en nuestro continente, no terminó allí. La Canciller de Venezuela sacó una foto de una de las figuras más representativas de la lucha contra la dictadura militar y referente de Madres de Plaza de Mayo. Hebe de Bonafini, fue recientemente Imputada por argumentos jurídicos similares a la que llevaron a Leopoldo López a la cárcel. La diferencia esta vez es que la Señora Hebe de Bonafini y los convocados a marchar contra el gobierno de Mauricio Macri, no tenían armas, ni quemaron instituciones públicas.
Duro golpe para la República Argentina.
Es cierto, no se puede tener una doble moral acusatoria a la hora de exigir libertad y otra a la hora de realizar interpretaciones represivas de la Ley. Ambos podrían esgrimir la independencia judicial, aunque en la práctica, sabemos que eso es una mentira tan grande como la argumentada por Delcy Rodriguez al mencionar el anuncio de una medida de gobierno que nunca existió en nuestro país durante la Presidencia de Mauricio Macri.
Venezuela reconoció la derrota electoral sufrida hace pocos días. Esto es un avance innegable en la construcción democrática en ese país, pero la amenaza de vetar cualquier ley que impulse la liberación de los 76 presos políticos por parte del Presidente Nicolás Maduro, reabre la discusión sobre un tema que lejos de significar la injerencia en la soberanía de un país hermano, tiene que ser condición fundamental para la construcción de un continente que tiene todas las posibilidades económicas, sociales y culturales de cumplir un rol preponderante en el mundo actual.
La construcción democrática es una tarea de todos los países de Latinoamérica, promoviendo las garantías proclamadas por el derecho internacional y asegurando que la injerencia y operaciones políticas de las grandes potencias mundiales, no promuevan divisiones que tengan como fin minimizar lo que en potencia, podría convertirse en el largo plazo, en uno de los bloques económicos más importantes del mundo.
