Jerónimo Milla Torres: "No creemos en la criminalización de la protesta social".
El Sub Director de DDHH de la Municipalidad de Córdoba, expresó su preocupación por la creciente violencia institucional y el narcotráfico, como así también sobre los despidos, la precarización laboral y los aspectos positivos de la Gestión de Ramón Javier Mestre. Para escuchar la entrevista completa hace click aquí.
¿Qué perspectiva tienen desde la Municipalidad de Córdoba para afrontar los desafíos que se imponen en la realidad de los Derechos Humanos?
Nuestra perspectiva está relacionada con un concepto amplio de los DDHH en todo aquello referido al respeto de la dignidad humana ya sean desde organizaciones sociales y medios de comunicación. Desde el Estado estamos haciendo tareas de concientización y de apropiación de los derechos, particularmente en los sectores más vulnerables. Actualmente se encuentran atravesando una creciente violencia; el avance del narcotráfico y la presencia de la violencia institucional que se encuentra presente en los distintos sectores del Estado, particularmente del Estado Provincial a través de la policía con la aplicación del código de faltas y además ver cuáles van a ser las perspectivas que se van a aplicar a partir de la sanción del nuevo código de convivencia provincial.
¿Qué postura mantiene el Intendente y la Dirección de DDHH respecto a Código de faltas?
La postura tanto del intendente como de la dirección es clara. El año pasado se sancionó la Ordenanza de Registro Municipal de Detenciones Arbitrarias y Violencia Institucional que apunta a dejar asentado cuantitativa y cualitativamente las detenciones que se realizan bajo la aplicación del Código de Faltas. A través de la Dirección de DDHH ya se venía realizando un asesoramiento para evitar la detención y las gestiones pertinentes para aquellos casos donde se realizó una detención la posibilidad de que cese esta restricción a la libertad circulatoria, particularmente de los jóvenes que son el sector al que más afecta.
Como parte del Frente Cambiemos, ¿Cuál es su posición frente al protocolo que impulsó Patricia Bullrich desde el Ministerio de Seguridad de la Nación?
Mi postura como funcionario y radical es bastante clara. Nosotros no creemos en la criminalización de la protesta social. Creemos que existe un derecho de manifestarse exigiendo con la posibilidad de peticionar a las autoridades por las causas que consideramos justas, por lo cual rechazamos todo aquello que vaya en contra de la posibilidad de manifestarnos en las calles siempre y cuando respetemos los derechos de las otras personas.
¿Qué pensas como militante y funcionario acerca de la gestión del Kirchnerismo en DDHH?
Tenemos que reconocer que existió una continuidad de las políticas del radicalismo. La derogación de la Ley de Obediencia Debida y Punto Final y la posibilidad del reinicio de las causas judiciales por delitos de lesa humanidad, como así también el incentivo a todas aquellas políticas que permitieron la búsqueda e identificación de los nietos que todavía estamos buscando en conjunto con las Abuelas de Plaza de Mayo. Otra de las perspectivas que podemos incluir es la inclusión de grandes masas sociales a la vida económica del país como la Asignación Universal por Hijo, como un médio para que aquellos que no se encontraban contenidos por el sistema educativo y de salud, puedan empezar a formar parte de ellos. Por último, lo que hace referencia a los derechos de la identidad de género y matrimonio igualitario.
¿Qué opinión te merece la gestión en DDHH de la Presidencia de la Nación y como Secretario de Claudio Avruj?
Desde el punto de vista de la designación es un acierto. Es una persona que se ha caracterizado a lo largo de su vida por una amplitud a su participación política y la recepción de Mauricio Macri de los Organismos de DDHH, particularmente Estela de Carlotto, implica una continuidad de la política de DDHH que se desarrolló a partir de 1983 y que continuó durante el Kirchnerismo. Esto me indica que es imposible frenar los juicios de lesa humanidad y que se van a mantener los fondos a aquellos programas que están orientados a obtener datos sobre las víctimas del terrorismo de Estado y encontrar a los cientos de nietos que fueron apropiados por parte de los dictadores.
Respecto a los despidos en distintos organismos nacionales y provinciales, desde una perspectiva de los DDHH ¿Cuál es tu opinión?
El derecho al trabajo es fundamental para el desarrollo integral de la persona. Los despidos tienen que ser justificados al igual que las renovaciones de contrato. Si hablamos de personal que no cumplía con sus funciones en lugares que requerían alguna capacitación técnica o profesional, la continuidad de una persona no apta, es ilógica. Estaríamos bastardeando la carrera administrativa. Por otro lado, esto se hubiera evitado, si luego de 12 años de gobierno, se hubiesen aplicado políticas reales de inclusión laboral que terminen con la precarización laboral y el acceso a la administración pública mediante concursos públicos que permitan acceder a la población a un empleo con estabilidad. Esto se va asolucionar implementando una ley de acceso a los cargos mdiante concursos de antecedentes y oposición como existen en la Municipalidad de Córdoba y como deberían existir en cualquier ámbito del Estado donde se quiera trabajar.
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